Todo empieza en un cuarto pequeño. En el centro hay una camilla con correas que sujetan brazos, piernas y torso. Los técnicos buscan una vena para colocar las líneas intravenosas.
Detrás de un cristal esperan los testigos: periodistas, familiares de la víctima y, a veces, familiares del condenado. En una sala contigua hay un teléfono conectado con la oficina del gobernador. Ese teléfono es lo único que puede detener todo.
Se abre la cortina. Le preguntan si quiere decir unas últimas palabras. Y después de eso, comienza.
De este modo, el protocolo tiene tres etapas: un sedante que debe dejarlo inconsciente, un paralizante que detiene la respiración, y un tercer fármaco que detiene el corazón.
El problema está en el segundo. El paralizante impide cualquier movimiento, incluso si el sedante no hizo bien su trabajo. Ahí aparece el escenario que más inquieta: una persona consciente, sintiendo todo, pero incapaz de moverse o de avisar que algo salió mal.
Vale destacr que, en 2009, en Ohio, los técnicos intentaron durante casi dos horas encontrar una vena en Romell Broom. No lo lograron. La ejecución se suspendió y lo regresaron a su celda.
No lo perdonaron. Los tribunales autorizaron un segundo intento, porque legalmente una ejecución fallida no anula la sentencia. Broom murió en prisión once años después, antes de que volvieran a intentarlo.
En Alabama pasó lo mismo en 2018 y 2022: tres ejecuciones detenidas a mitad del proceso. Dos de esos hombres fueron ejecutados años más tarde, con un método distinto. © Badabun
