En Madagascar, el Parlamento aprobó una ley que permite la castración química o quirúrgica para personas condenadas por violación de menores, especialmente en casos de víctimas menores de 10 años. Quienes cometan abuso sexual contra niñas o niños de hasta 9 años enfrentarían la castración quirúrgica permanente, mientras que los delitos contra menores de 10 a 13 años podrían implicar castración química o quirúrgica, y para edades entre 14 y 17 años se contempla principalmente la castración química, además de penas de hasta cadena perpetua .
La medida fue impulsada por el presidente Andry Rajoelina, tras registrarse más de 600 casos de violación de menores en 2023, incluyendo 133 durante enero de 2024 .
Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional califican la ley como un trato inhumano y degradante, incompatible con estándares de derechos humanos, y advierten sobre riesgos de errores judiciales y falta de anonimato para las víctimas .
En contraste, algunos activistas locales defienden la normativa como una fuerte herramienta disuasoria, en un contexto donde se percibe una cultura de tolerancia hacia la violencia sexual contra niños .
La ley aún requiere ser ratificada por el Tribunal Constitucional de Madagascar y ser firmada por el presidente para entrar en vigencia oficial.